Eddy Medrano Soto forma parte de ese raro grupo de funcionarios públicos del gobierno del presidente designado Daniel Ortega, que lo que menos tienen es de públicos. No aparece siquiera en los medios de comunicación propiedad de la familia presidencial. Es prácticamente un desconocido. En una ocasión, cuando llegó a la sede del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), salió huyendo por una puerta trasera, solo para evitar que los periodistas que normalmente dan cobertura a las reuniones del gremio de empresarios, le hicieran alguna pregunta. Pero, también es uno de los pocos funcionarios que forma parte del gabinete de gobierno desde que llegó Ortega al poder en 2007. Su mutismo va de la mano con su efectiva capacidad para convertir a la Dirección General de Aduanas en un “agujero negro” que desaparece mercaderías de ciudadanos y favorece a empresarios y personeros ligados al partido rojinegro.
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Las quejas vienen de todos lados. El sector empresarial en múltiples ocasiones ha reclamado que la Dirección General de Aduanas acomete problemas de ineficiencia, excesiva burocracia y de tener una capacidad operativa destinada absolutamente a recaudar. “Cada vez que nos sentamos con el director general de Aduanas, ha sido transparente. Él dice: a mí me pusieron aquí para recaudar. Su mentalidad es: yo tengo que recaudar, no facilitar”, dijo el abogado experto en temas fiscales y asesor del Cosep, Henry Thompson, al semanario Confidencial, en una entrevista publicada en junio del 2015.
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Esa actitud de Medrano ha significado quejas tras quejas de importadores por los cobros discrecionales de impuestos a las mercaderías por los funcionarios de Aduana, sin importar la documentación adjunta presentada. Y si no es el cobro, es la incautación. LA PRENSA ha documentado las denuncias de ciudadanos valientes, como el actual director del organismo Hagamos Democracia, Luciano García, a quien le retuvieron cincuenta bultos de ropa de forma arbitraria. Sacerdotes como el exdirector de Cáritas de Nicaragua, Uriel Vallejos, también denunciaron sufrir de la retención de vehículos de parte de Aduanas, como represalia a sus protestas. “Esta medida se trata de un revanchismo político, porque cuando estuve al frente de Cáritas de Nicaragua denunciamos las retenciones de los contenedores y también denuncié la quema de alimentos que iban para Nueva Segovia destinados para familias del Corredor Seco que estaban sufriendo de hambre producto de la sequía”, denunció el sacerdote a LA PRENSA en mayo del 2016.
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Resoluciones de la misma Corte Suprema de Justicia son “papel mojado” para Medrano Soto, como fue el caso de la señora Amanda Valle Peters, quien en octubre del 2016, con sentencia en mano fue a retirar una donación de setenta mil dólares en insumos médicos que Aduanas le tenía retenida, y no se la entregaban porque Medrano Soto no se encontraba en su oficina para aprobar la devolución.
También Medrano Soto es inmune a las resoluciones judiciales que determinan su captura, como ocurrió con la orden dada por la juez Cuarto Local de lo Penal de Managua, Alía Dominga Ampié Guzmán, debido al incumplimiento de una sentencia que mandaba al funcionario a reintegrar a una trabajadora despedida arbitrariamente. La orden no se pudo llevar a cabo porque la Policía Nacional argumentó que no contaba con recursos para localizar y capturar a Medrano Soto.
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Sin embargo, Medrano Soto mostró ágil eficiencia para exonerar por casi cinco millones de córdobas al magistrado presidente del poder electoral Roberto Rivas Reyes, cuando este importó un lote de 14 vehículos de lujo en diciembre del 2012, como descubrió una investigación de LA PRENSA publicada en febrero del 2013. También para adjudicar de forma directa la concesión en junio del 2014 el contrato de escaneo en Aduanas a Alvimer SA, una empresa de maletín creada en Panamá. En el “agujero negro” de la Aduana de Nicaragua, Eddy Medrano decide qué sale y qué se queda, sin importar leyes, resoluciones judiciales o sentencias de la Corte Suprema de Justicia.