Estudiantes defienden su derecho a manifestarse Miles de estudiantes universitarios marcharon este lunes hasta la sede del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, para introducir una medida cautelar a favor de sus derechos de manifestación. “Estamos aquí para reclamar nuestro derecho a manifestarnos ante las instituciones del Estado y en cualquier parte de la ciudad”, explicó a la AFP, Yon Goicochea, un estudiante de 22 años de la Universidad Católica Andrés Bello, erigido como uno de los líderes del movimiento. Una comisión de 20 estudiantes presentó el documento a la presidenta del Tribunal, Luisa Estela Morales, en solicitud de su derecho “a la participación democrática, igualitaria, el libre tránsito, la no discriminación, la participación, la reunión y la manifestación”. El viernes las autoridades impidieron que miles de estudiantes llegaran a la Asamblea Nacional (Congreso), en el centro histórico de Caracas, por lo que se dirigieron entonces a la Conferencia Episcopal, adonde un grupo de diputados tuvo que ir a buscar un pliego de reclamos. Los jóvenes, que este lunes marcharon con las manos pintadas de blanco y con claveles para entregárselos a los policías que custodiaban la marcha, reivindicaron a gritos su derecho a manifestar en todos los espacios de la ciudad capital. En la avenida Panteón, en el centro de Caracas y sobre la que se asoman varias barriadas populares, muchos vecinos salieron a sus ventanas o bajaron a las aceras para apoyar a los estudiantes con aplausos, banderas y consignas. Varias mujeres se acercaron a los universitarios para ofrecerles agua fresca, luego de una caminata de unos siete kilómetros, la mayor parte en subida.

Estados Unidos y Venezuela chocaron duramente el lunes en la Asamblea General de la OEA, cuando la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, pidió enviar una misión a Caracas para investigar la salida del aire de una televisora, y el canciller venezolano, Nicolás Maduro, denunció el “intervencionismo inaceptable” de Washington.

Una hora después de llegar a Panamá, Rice hizo uso de la palabra en la 37 Asamblea General de la OEA y pidió que el Secretario General de la organización, José Miguel Insulza, viaje a Venezuela para efectuar un informe sobre la decisión del gobierno de Hugo Chávez de no renovar la concesión de la cadena televisiva RCTV.

Citando el artículo 18 de la Carta Democrática Interamericana, Rice dijo: “Instamos al Secretario General a viajar a Venezuela para consultar, de buena fe, a todas las partes interesadas y presentar un informe completo a los cancilleres mediante el Consejo Permanente”.

Acto seguido, Maduro afirmó que “la intervención de la representante de Estados Unidos constituye un intervencionismo inaceptable en los asuntos internos de una república democrática, soberana”.

“Lo rechazamos”, enfatizó.

“Se ha violentado la agenda de esta Asamblea General”, dijo Maduro, recordando que el tema central de la cita era la “energía para el desarrollo sostenible”. “Se ha intentado violentar la soberanía de una nación perteneciente a esta comunidad”, exclamó acto seguido.

“Venezuela pide respeto, exige respeto a su soberanía”, insistió Maduro.

“Tendría la OEA que hacer una comisión especial para estudiar la violación diaria de derechos humanos en las fronteras” del sur de Estados Unidos, espetó el canciller de Chávez denunciando “el muro de la indignidad” que Washington construye en su límite con México como un “monumento a la violación de los derechos humanos”.

“¿Cuántos presos tienen en Guantánamo, dónde los secuestraron?”, preguntó, recordando las denuncias de violaciones a los derechos humanos de las que es objeto esa prisión en la que Washington mantiene a prisioneros de su “guerra contra el terrorismo”.

La respuesta de Rice no se hizo esperar. “En cualquier asunto, estoy segura de que será difícil para cualquier comisión debatir, investigar y criticar más las políticas de Estados Unidos, de lo que se hace cada noche en CNN, ABC, CBS, NBC y en varios canales estadounidenses más pequeños”, respondió Rice.

“Esto es democracia (...) que los ciudadanos de un país tengan la garantía de que las políticas de su gobierno pueden ser sometidas a la crítica de una prensa libre e independiente, sin interferencias del gobierno”, afirmó.