En mayo pasado, España y otros 14 Estados de la Unión Europea signatarios del Convenio de Schengen (Schengen, Luxemburgo 1985), decidieron impedir el ingreso a sus países al ex presidente de Nicaragua y hoy reo Arnoldo Alemán Lacayo por sus delitos de corrupción y de lavado de dinero. Este fue un precedente muy importante en el ámbito del derecho internacional porque, por un lado, se reconoció la gravedad de este delito por sus devastadoras consecuencias para la democracia y el desarrollo y, por otro, fue un acto de solidaridad hacia las víctimas del atraco de sus recursos, en este caso, el pueblo nicaragüense. Sin embargo, cuando los medios de comunicación entrevistaron a Alemán, éste dijo —sin sonrojarse— que la decisión de Schengen le daba risa porque sobre él pesaba una sentencia de 20 años y la sanción era sólo por 10. Pero los corruptos deberían saber que decisiones como la de Schengen no sólo reducen sus espacios de impunidad sino que les dejan fichados y estigmatizados como delincuentes internacionales por el resto de sus vidas.
Otro sonado caso de corrupción en América Latina es el de Alberto Fujimori, el cual malversó fondos del Estado peruano hasta por un monto de 500 millones de dólares. Ayudado por cómplices y testaferros, corruptos como Fujimori burlaron la justicia de sus países porque otras naciones les ofrecen refugio y protección. Inicialmente, el ex presidente peruano huyó al Japón y luego volvió a América Latina a través de Chile, donde goza de privilegios como cualquier ciudadano honrado y respetable. Si la mayoría de los Estados del mundo adoptaran medidas como la de Schengen, los corruptos tendrían menos oportunidades de salirse con la suya y, de hecho, ésta es la tendencia actual.
Por otro lado, algunos corruptos todavía tienen la opción de gozar de impunidad en sus propios países amparados en sistemas judiciales nacionales que ellos mismos corrompen y controlan. Esto es algo que sólo se puede combatir con el fortalecimiento de la institucionalidad y la democracia, una lucha que sostienen muchos países latinoamericanos hoy en día, incluyendo el nuestro.
Esta semana la impunidad volvió a asomar su rostro. El suegro de Arnoldo Alemán, José Antonio Lovo, quien tiene en su contra una orden de prisión preventiva emitida en Panamá, en agosto pasado, por la acusación de lavado de dinero, ocupará la curul que quedó vacante luego del deceso del diputado liberal, Alfonso Ortega Urbina. Sólo la solicitud de un juez ante la primera secretaría de la Asamblea Nacional podría haber impedido que Flores Lovo asumiera la diputación como propietario. Pero esto no ocurrió por razones obvias. Precisamente, Flores Lovo se trasladó de Miami a Managua desde mayo pasado para evitar que la justicia panameña lo alcanzara en ese país por medio de un trámite de extradición. El Artículo 2 de la Convención Interamericana contra la Corrupción, firmada y ratificada por Nicaragua y Panamá, dice que uno de sus propósitos es: “Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Partes con el fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio. “Asimismo, uno de los considerandos del Preámbulo señala que “para combatir la corrupción es responsabilidad de los Estados la erradicación de la impunidad y que la cooperación entre ellos es necesaria para que su acción en este campo sea efectiva”. La convención se aplica tanto al autor como al co-autor, cómplice o encubridor en la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión de cualquiera de los actos de corrupción incluidos en ella (Arto. VI).
En este marco, el Estado de Panamá ha solicitado la cooperación de Nicaragua en la investigación de un posible delito de lavado de dinero vinculado con corrupción. Sin embargo, las autoridades judiciales de este país no sólo no cooperan sino que se hacen de la vista gorda y permiten que personas cuya honra y buen nombre está en serias dudas, ocupen cargos públicos.
Esto es sintomático del grave daño que ha sufrido el Estado de Derecho en Nicaragua, algo que sólo se puede remediar eligiendo gobernantes y representantes transparentes o aunque sea menos turbios.
