Nicaragua, un país por naturaleza extremadamente divergente en sus opiniones, pareciera tener un consenso en algo: No hay personaje público más despreciado en el país que el hoy expresidente del Consejo Suprema Electoral, Roberto Rivas Reyes. Tanto por allegados al Gobierno como por aquello que lo adversan. A los que son afines al régimen del presidente designado Daniel Ortega les molesta el ostentoso y exhibicionista estilo de vida del magistrado electoral y su familia. Los opositores al gobierno de Ortega lo aborrecen, además, por ser el artífice de la destrucción de la confianza y credibilidad de los procesos electorales en el país, con tal de favorecer la consolidación en el poder de la familia Ortega Murillo.
Un perfil de Rivas Reyes escrito por el periodista Octavio Enríquez publicado en la Revista Magazine en 2009 lo denomina como el “magistrado de la dolce vita”. La investigación reveló que el magistrado posee una mansión en el condominio Villa Real, en San José, Costa Rica, donde las propiedades tienen un valor en el mercado que oscila entre 980 mil, hasta los tres millones de dólares.
Francisco Díaz, el operador de Daniel Ortega en la Policía
Rivas Reyes nunca aprobó que su declaración de probidad presentada en la Contraloría General de la República fuese pública, pese a que siempre ha alegado que su fortuna viene de la venta del café producido en sus fincas. Sin embargo, a medida que las investigaciones periodísticas de LA PRENSA revelaban detalles de su estilo de vida como magnate, sus argumentos se hundían en el pantano de lo inverosímil. La compra de tres aviones privados por 2.3 millones de dólares, la construcción de una mansión valorada en más de un millón de dólares en el balneario de San Juan del Sur, la importación desde Estados Unidos de un lote de 14 vehículos de lujo, valorado en medio millón de dólares, operación favorecida con una rebaja ilegal de cinco millones de córdobas en impuestos por la Dirección General de Aduanas, fueron algunas de las revelaciones hechas por las publicaciones periodísticas de este Diario. Todos los casos fueron enterrados por una Contraloría General de la República controlada por el orteguismo.
Edwin Castro, el diputado orteguista que instauró la reelección indefinida
Esta protección desde El Carmen no es gratuita. Entre Rivas Reyes y la familia presidencial hay una vinculación más allá de la sociedad política. No en balde dos de los hijos Ortega Murillo se alojaron en la mansión de Rivas Reyes mientras estos estudiaban en Costa Rica, como reveló el diario tico La Nación. Pero el mayor servicio ofrecido por Rivas Reyes a Ortega es la destrucción del sistema electoral, empezando con las elecciones municipales de 2008, en las que Rivas Reyes le otorgó al Frente Sandinista más de 40 alcaldías que fueron ganadas por la oposición, pese a que estas organizaciones políticas demostraron el fraude con las actas en mano.
Denis Moncada Colindres, el “filibustero” de la diplomacia nicaragüense
Luego que las protestas en contra el fraude electoral fueron reprimidas violentamente por la Policía, con el apoyo de las turbas paramilitares del orteguismo, Rivas Reyes se encargó de desmontar el aparato electoral para convertirlo en un remedo de institución. Abrió las puertas a la reelección continua de Ortega, sus diputados y sus alcaldes; anuló la observación electoral nacional e internacional, bloqueó las consultas en línea de las votaciones, copó las estructuras departamentales electorales de orteguistas y miembros de partidos colaboracionistas, acabó con cualquier sistema de verificación de resultados y fomentó el abstencionismo. Servicios que no fueron olvidados por Ortega, quien no dejó de proteger a su fiel colaborador, reformando la Ley Electoral para que Rivas Reyes siguiera gozando de todos los beneficios como magistrado, sin necesidad de ejercer las responsabilidades como presidente del poder electoral.
Esto a raíz de que fuese sancionado por la Ley Global Magnitsky del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por actos de corrupción y abusos de derechos humanos. Sin embargo, el pasado jueves 31 de mayo, Ortega tuvo que ceder y anunciar como una concesión para lograr una mejoría del sistema electoral, la renuncia de Rivas Reyes como magistrado. Al usar a Rivas Reyes como moneda de cambio, Ortega reconoció que el magistrado había sido un eje clave en el esquema de fraudes electorales que lo han mantenido en el poder. Sin la inmunidad que le daba el cargo en el poder electoral, la “dolce vita” del ahora exmagistrado, depende más que nunca de la protección de Ortega.